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La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó hoy -con ocho votos a favor y una abstención- el dictamen que reúne proyectos de ley que buscan congelar el pago de créditos en el sistema financiero.
Se realizaron algunos cambios a la propuesta inicial, pues el congelamiento en el pago de las deudas ya no será por cuatro meses, sino por tres meses.
Asimismo, se excluyó de la medida a los créditos dados por las cajas municipales, cajas rurales, microfinancieras (EDPYME) y cooperativas.
Otro cambio respecto a la propuesta inicial es que se excluye de ser beneficiaros a los trabajadores con rentas de quinta categoría (en planilla) que mantengan su condición laboral igual al día anterior al 15 de marzo, fecha en que publicó el decreto supremo que declaró el Estado de Emergencia Nacional.
Detalle de la medida
La iniciativa legislativa establece un periodo de gracia por 90 días calendario. “Este periodo de gracia comprende el no pago de capital, intereses compensatorios, interés moratorio y cualquier tipo de penalidad, comisión o gasto. El saldo de la deuda podrá ser refinanciada entre cinco años a más, según las disposiciones reglamentarias que emita la SBS”, señala el texto del documento.
Asimismo se prohíbe expresamente el incremento de la tasa de interés compensatoria previamente pactada en el contrato original. “Dicha tasa podrá reducirse y los plazos ampliarse de común acuerdo entre las partes o a través de las Subastas u Operaciones de Reporte de Reprogramaciones de Carteras de Créditos que aplique el Banco Central de Reserva del Perú”, subraya el proyecto de ley.
La reprogramación en el pago de créditos propuesto incluye a las obligaciones de los productos de créditos de consumo y personales, todo tipo de tarjeta de crédito que permita la disponibilidad de efectivo o compra de producto o servicio, préstamo revolvente y no revolvente, crédito vehicular e hipotecario para vivienda; en condición de vigente, refinanciado, reestructurado, atrasado e incluso a las cartera de crédito comprada por otra entidad financiera “sin tomar en cuenta la calificación financiera del deudor o que haya sido reportado a central de riesgo pública o privada”, señala el proyecto.
Cabe anotar que a la sesión de hoy había sido invitada la ministra de Economía, María Antonieta Alva, para sustentar su posición sobre la iniciativa legislativa, pero se excusó de asistir señalando que ya tenía otros compromisos pactados.
Ahora el proyecto deberá ser debatido y votado en el Pleno del Congreso.
Fuente: Gestión
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